Amnistía Internacional ha vuelto a pedir a las autoridades croatas que investiguen los crímenes de guerra perpetrados durante la guerra de 1991-1995. La petición se produce después de una importante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que podría permitir a miles de víctimas solicitar justicia internacionalmente.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló ayer que las autoridades de Croacia fueron responsables de que no se investigaran adecuadamente la desaparición y las muertes de dos víctimas de crímenes de guerra en 1991, a pesar de que este país no fue Estado Parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos hasta 1997.
“Esta sentencia crea un importante precedente, ya que permite a las víctimas de crímenes de guerra perpetrados durante la guerra en la ex Yugoslavia buscar justicia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si los Estados no llevan a cabo investigaciones adecuadas sobre estos delitos" ha dicho Marek Marczynski, experto de Amnistía Internacional sobre Croacia.
La sentencia se centró en dos casos, uno de ellos el de una mujer cuyo esposo murió abatido por los disparos del ejército yugoslavo en 1991 en Vukovar.
A pesar de que las autoridades recogieron algunas pruebas, no hubo avances importantes en la investigación, y en 2010 se sobreseyeron los procedimientos en aplicación de una ley de amnistía.
La segunda denuncia fue presentada por Josipa Skendžiæ y sus hijos, Tamara Krznaric y Aleksandar Skendžic, cuyo esposo y padre fue detenido por la policía Croata el 3 de noviembre de 1991 en el piso de la familia en Otoèac, y nunca regresó.
Josipa Skendžiæ trató de establecer el paradero de su marido poniéndose en contacto con las autoridades locales y el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Defensor del Pueblo y el vicepresidente del gobierno. Se inició una investigación local, que no avanzó.
El fallo del Tribunal determinó que, aunque no podía considerarse a las autoridades legalmente responsables de las muertes y desapariciones forzadas, que ocurrieron antes de Croacia se uniera al Convenio, tenían la obligación de investigar los delitos, algo que no habían cumplido.
“Las víctimas de crímenes de guerra merecen justicia. Se ha vuelto a recordar a las autoridades croatas que al no poner a los responsables de estos crímenes a disposición judicial, siguen violando el derecho internacional”, ha dicho Marek Marczynski.
En su último informe, Behind a wall of silence: Prosecution of war crimes in Croatia (Tras un muro de silencio: procesamiento por crímenes de guerra en Croacia), publicado en diciembre de 2010, Amnistía Internacional documentó cómo el sistema de justicia de Croacia no ha proporcionado a las víctimas de crímenes de guerra acceso a la justicia.
Información complementaria
A.J. –esposo de la primera demandante– fue sacado del domicilio familiar de Vukovar el 3 de octubre de 1991 por tres miembros del Ejército Nacional Yugoslavo. Minutos después, su esposa oyó disparos y al poco vio el cuerpo sin vida de su marido delante de la casa.
La mujer denunció el caso a la policía de inmediato y el fiscal militar de Osijek abrió una causa penal en marzo de 1992. En agosto de 1992 se abrió una investigación y entre 1993 y 1997 ella y otros testificaron ante el tribunal en Osijek. Entre 1997 y 2000 no hubo ningún avance en la investigación, pues los presuntos perpetradores residían fuera de la jurisdicción de las autoridades croatas. En noviembre de 2000, después de que las autoridades croatas recuperaran el control de la región de Eslavonia Oriental, en 1998, el caso fue transferido al tribunal local de Vukovar.
A pesar de que en 2001 uno de los acusados fue detenido y de que varias personas testificaron en el caso, nadie ha comparecido ante la justicia por el homicidio de A.J.
En julio de 2010, se sobreseyeron las actuaciones, ya que los cargos contra los acusados habían sido recalificados de rebelión armada en aplicación de la Ley de Amnistía.
La segunda denuncia fue presentada por Josipa Skendžiæ y sus dos hijos, cuyo esposo y padre fue detenido por la policía croata el 3 de noviembre de 1991 en el piso donde vivía la familia en Otoèac, y nunca regresó. En marzo de 1998, a petición de la familia, los tribunales croatas lo declararon muerto.
La fiscalía local de Gospiæ no ordenó abrir una investigación hasta julio de 2000, después de que la familia volviera a hacer averiguaciones y enviara una carta al ministro de Justicia. Posteriormente hubo varios intentos de identificar a los responsables de la desaparición de Skendžic, pero sin resultado.
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